Modificación de medidas adoptadas en el divorcio o separación.

Las medidas establecidas judicialmente por las que se establecen el régimen de visitas, pensión de alimentos, pensión compensatoria y todo lo relativo a las cargas familiares y el uso y disfrute de la vivienda familias, pueden ser modificadas posteriormente siempre que cambien las circunstancias que sirvieron para adoptarlas.

 

Así si una de las partes se queda en paro, por ejemplo, podrá iniciar un procedimiento para que la pensión sea más adecuada a las nuevas circunstancias.

 

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Derechos de los abuelos.

Los abuelos tienen reconocido el derecho a visitar y relacionarse con los nietos e incluso pueden iniciar un proceso legal para que se reconozca ese derecho y se establezca un régimen de visitas.

 

Los progenitores podrán oponerse cuando existan causas justificadas.

 

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Retraso en el pago del alquiler.

Actualmente el retraso en el pago del alquiler no sirve por si solo como motivo al desahucio.

 

Sin embargo en los casos de demanda previa por impago donde se enerve el desahucio, el inquilino ya no podrá gozar de la posibilidad de “enervar la acción de desahucio”, porque el mero retraso en el pago se entenderá como “incumplimiento pleno de sus obligaciones” y no podrá evitar el desahucio.

 

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Embargo de nómina.

La ley establece qué es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

 

Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

  • 1. Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 %.
  • 2. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 %.
  • 3. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 %.
  • 4. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 %.
  • 5. Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 %.

***** Según acuerdo del Consejo de Ministros del 09-04-10, se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10 por 100 sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, y se incrementa en un 20 por 100 adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.*****

 

***** Nuevas medidas 2011. Para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, se eleva ese mínimo hasta el 150% del SMI y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI.******

 

Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase.

 

Por poner ejemplos, son embargables todos los conceptos distintos a la nómina o pensión como son las indemnizaciones por despido o el cheque bebe.

 

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Desahucio.

Es importante para el arrendatario, ante un desahucio, recoger las notificaciones pues en caso de que llegue el desahucio, todos los bienes que queden dentro de la casa se consideran bienes abandonados y el arrendador podrá disponer de ellos como considere sin que posteriormente se puedan recuperar.

 

 

Es posible desahuciar a los ocupas o cualquier persona que se haya apropiado de su vivienda sin su consentimiento, situación habitualmente conocida como "dar la patada". La demanda se dirije contra los ignorados ocupantes y con las últimas reformas en máximo tres meses la vivienda puede quedar vacía. Se necesita abogado y procurador pues hay que seguir la vía civil pero a los ocupantes se les condenará en costas, y es importante aportar nota simple del registro de la propiedad para probar la titularidad.

 

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Empresas de recobros y ficheros de morosos (asnef y otros)

 

Actualmente no existe una regulación específica que regule la actuación de las empresas de recobros. Sin embargo le son aplicables además del códico civil y penal, la ley de protección de datos.

 

En primer lugar cuando se produce un impago, siempre que no haya una reclamación judicial, la empresa debe requerir el pago de forma fehaciente sino no producirá ningún efecto.

 

Sólo después de requerir podrá notificarlos a un fichero de morosos y siempre que no se refieran a deudas de más de 6 años las cuales no podrán constar en el fichero y las que consten, llegados los 6 años deben cancelarse.

 

Le entidad titular del fichero de morosos debe notificar al deudor de la inclusión de sus datos.

 

 

Si alguno de los pasos anteriores no se produce, podremos denunciar ante la Agencia Española

de Protección de Datos que les impondrá una multa mínima de 60.000€.

 

Cada vez que hagamos un pago debemos enviar una carta junto con el justificante al fichero de morosos para que 1º cancele cautelarmente, después dará traslado a la empresa acreedora y se actualizarán o cancelarán los datos.

 

La empresa acreedora podrá ceder nuestros datos a una empresa de recobro sin previo aviso, ahora bien, esos datos tienen que ser pertinentes para el objeto de la cesión como por ejemplo, dirección, teléfono y deuda pero ninguno más. También deben ser exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado y exclusivamente a esos datos puede ceñirse la empresa de recobros.

 

Las empresas de recobros en estos casos suelen buscar más teléfonos del deudor, familiares y vecinos en las páginas de información pública como  las páginas amarillas. Esto es legal cuando el uso que se le va a dar es para publicidad y no para un uso distinto.

 

Cuando una persona no deudora (vecino o familiar) recibe la llamada tiene derecho a saber de dónde han conseguido el teléfono y quién es el responsable del fichero que contiene su teléfono para posteriormente ejercer su derecho de cancelación enviando una carta burofax.

Este mismo derecho puede ejercerlo también el deudor para que se cancelen aquellos datos que no sean exactos.

La empresa está obligada a contestar en plazo de 10 días y atender la solicitud, en caso contrario también podrá denunciarse.

 

Cuando en las llamadas a vecinos o parientes, se les informe o insinúe el impago, también podrá denunciar.

 

Por otro lado, podrá acudirse a la vía penal para la denuncia de cualquier amenaza y además exigir indemnizaciones en algunos casos.

 

Cuando una empresa de recobros amenaza hay que guardar todas las pruebas y conseguir testigos si nos visitan, llamando en estos casos a los vecinos y si nos amenazan llamar a la policía.

 

Deben tener en cuenta que sólo tendrá efectos las comunicaciones vía burofax.

 

AMR Asistencia Legal se ha especializado en este tipo de procesos.

 

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