Ejecuciones hipotecarias. Embargo de la vivienda habialtual.



Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios

En primer lugar, con el fin de moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más vulnerables y, en particular, sobre aquellos con cargas familiares, se eleva el umbral de inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Si bien, con carácter general, el mínimo inembargable de cualquier deudor coincide con el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir de este real decreto-ley y, exclusivamente, para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, se eleva ese mínimo hasta el 150% del SMI y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI.

 

En segundo lugar, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble, que les permita anular o reducir al máximo la deuda remanente.

 

Para ello, se prevé que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como consecuencia de una ejecución, se realizará por un precio nunca inferior al 60% del valor de tasación. Se establece, por tanto, un límite equilibrado, impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 60% del valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total, y ello con el fin de evitar el despojo del deudor.

 

En la situación anterior a este Real Decreto Ley, el acreedor podía, en las subastas sin postor, adjudicarse la vivienda por la cantidad que se le debía, ahora podrá adjudicársela siempre que pague el 60% del valor de la tasación indpendientemente de lo que se deba.

 

Por eso, los procesos que ya estén iniciados habrá que prestarles especial atención para que se cumpla esta nueva normativa cuya principal consecuencia será que se genere en la mayoría de los casos, con el pago que haga el acreedor mínimo del 60%, un sobrante o remanente que debe ser entregado al ejecutado.